Cañadas interpone controversia constitucional por El Zapotillo
Aseguran los opositores a la presa que se violan sus derechos humanos al construir El Zapotillo. - Pide la suspensión de los actos de construcción de la obra hidráulica
Por violentar la autonomía municipal recurrirá al recurso en contra de autoridades federales y estatales
El municipio pide la suspensión de los actos de construcción de la obra hidráulica y que se declare su invalidez, ya que se viola el artículo 115 constitucional en lo que respecta a la facultad de autorizar el uso de suelo en su territorio, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
La controversia se venía discutiendo desde hace un par de años, cuando la Comisión Nacional del Agua decidió iniciar las obras a pesar de que el ayuntamiento no había autorizado el cambio de uso de suelo ni la licencia de construcción. El documento lo firman el presidente municipal Carlos González Padilla y la síndico Estela Contreras Jáuregui.
Por otro lado, los habitantes de Temacapulín que se oponen a este megaproyecto que implica inundar su pueblo, presentaron una nueva queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque a los afectados no se les ha respetado el debido proceso legal, el derecho a la información sobre los impactos del proyecto, ni a una evaluación de impacto ambiental integral, así como el derecho a participar y ser consultados.
En un comunicado que envía el Comité Salvemos Temacapulín, aseguran que la Presa El Zapotillo "viola los derechos sustantivos de los afectados como son: el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad y a una vivienda adecuada, el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, el derecho de mujeres, niños y niñas de protección especial del Estado, derechos culturales a preservar y defender el patrimonio cultural".
La queja es contra la Conagua y la Semarnat, los Gobiernos de Guanajuato y de Jalisco, que no han resguardado los derechos humanos de las personas afectadas y "sólo les interesa cumplir compromisos políticos como económicos entre ambos estados".
También denuncian que el Gobierno de Jalisco continúa hostigando a los pobladores de Temacapulín que se resisten a negociar para vender o reubicar sus bienes. Por lo pronto, la Dirección de Asuntos Jurídicos citó a los ciudadanos María Irene Sánchez Lomelí y los hermanos Jesús y Óscar Alcaraz Martínez a que comparezcan los días 25, 26 y 27, porque han iniciado procedimientos de expropiación.
Previamente han citado a nueve personas y les han hecho nuevas ofertas de compra de sus propiedades.
El Comité Salvemos Temacapulín insiste en que se opone a las expropiaciones porque se violan sus derechos humanos y porque el Plan de Reubicación ha sido declarado nulo por los tribunales de justicia, tanto de Jalisco como de la Federación. "Esto se convierte en un mecanismo de presión que incrementa y se suma a la lista interminable de agravios que los funcionarios en turno han venido haciendo mal uso del poder institucional que poseen, lo cual constituye a todas luces un desvío de poder", dice el comunicado.
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