Respuesta a habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Derechos Humanos envía a los medios recomendación a la CEA

REDACCIÓN

Luego de que los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo exigieran que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dejara de manejar discrecionalmente la recomendación 35/2009, donde se acreditan violaciones a sus derechos por parte del gobierno del estado, el organismo público envió un correo electrónico a todos los medios de comunicación donde se incluye esta recomendación y la síntesis que se había preparado para su presentación.

“Tras acreditar la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, recomendó al gobernador del estado, Emilio González Márquez, que suspenda de inmediato cualquier movimiento de tierra, nivelación, compactación y desmonte en los terrenos donde se pretende construir la presa El Zapotillo, en tanto se cumplen las condiciones que plantea este organismo. En caso de que se requiera la intervención del gobierno federal, que realice las gestiones necesarias”, señalan los documentos enviados.

En la recomendación se solicita que se destinen recursos suficientes para practicar estudios de proyectos alternativos al Zapotillo, en los que la prioridad sea el respeto a las comunidades afectadas.

Entre las peticiones de la CEDHJ al Ejecutivo se incluye que no se realicen actos de hostigamiento en contra de pobladores y propietarios de fincas en Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Además, el documento afirma que la CEDHJ constató que si el proyecto se realizara tal como lo han sugerido los gobiernos federal y estatal, quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la memoria de sus pobladores, con lo que se afectarían sus derechos a la democracia, a la identidad como comunidades y los colectivos como poblaciones organizadas.

Se insiste en iniciar un proceso de consulta en el que todos los sectores de la población aporten puntos de vista o proyectos alternativos, y que los resultados sean tomados en cuenta al analizar las posibles soluciones para proveer agua e influir en las razones sobre la viabilidad de la construcción de la presa.

“Asimismo, que instruya a los funcionarios públicos para que respeten y salvaguarden la integridad y seguridad personal de quienes defienden derechos humanos”.

En su recomendación, la CEDHJ señala que al pretender adquirir los predios y fincas, ya sea por compraventa coaccionada mediante el miedo y la intimidación, o con la amenaza de expropiación, se afecta el derecho que tienen los pobladores a disfrutar pacíficamente de su territorio, ya que representa el despojo de su vida, su historia y sus tradiciones.

“La investigación también pone en evidencia que el desmonte, compactación y excavación del terreno en donde se pretende construir la presa ha afectado la flora y el entorno ecológico de aproximadamente setenta hectáreas y con ello se han transgredido las normas constitucionales, tratados internacionales, leyes y normas oficiales mexicanas, así como estatales en la materia.

“Este daño podría ser mayor si no existe planeación y respeto a los habitantes, no sólo de las tres comunidades que resultarían inundadas, sino de los municipios colindantes, que son Mexticacán, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Jalostotilán y Teocaltiche”, señala la recomendación.

En su investigación, la Comisión también constató que entre los pobladores de los municipios afectados han aumentado las enfermedades crónico-degenerativas y respiratorias, los casos de ansiedad, depresión y agresividad vinculados con el estrés.

La CEDHJ también pidió al Congreso del Estado y a los representantes de Jalisco en el Congreso de la Unión que, como autoridades que pueden ayudar a la solución de este problema, promuevan reformas y adiciones legislativas para que la Ley Estatal de Salud salvaguarde el bienestar humano en los proyectos de obra pública y que tome en cuenta de manera obligatoria la realización de estudios de impacto a la salud.