La incubación del Santiago
Roberto Arias de la Mora
- 2010-02-16•Acentos
En la literatura especializada se suele decir que un problema público se ha incubado cuando no recibe atención hasta que pasa un largo periodo de tiempo. Tal pareciera que es el caso con la contaminación del río Santiago: luego de la muerte del niño Miguel Ángel López a causa de un presunto envenenamiento con arsénico después de hundirse en las aguas negras del río Santiago, entonces la reacción de las más diversas autoridades en la entidad fue anunciar que se tomarían medidas correctivas para enfrentar la grave problemática en torno a la contaminación del afluente, cuya magnitud y relevancia quedó más que evidenciada cuando el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), decide emitir una inusual macrorrecomendación que incluyó 172 recomendaciones dirigidas a 17 autoridades (tres estatales y catorce municipales).
Dos años después, en ocasión del aniversario luctuoso de Miguel Ángel, no sólo venimos a enterarnos del escaso avance que han tenido las observaciones emitidas por la CEDH, cuyo cumplimiento, a decir de su titular, es “cercano al 8 por ciento que estima la Universidad de Guadalajara o tal vez un poco más” (Público, 13 de febrero), sino además que para la Secretaría de Salud Jalisco que encabeza el ex presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, no hay riesgos complementarios para la salud de los pobladores de El Salto y Juanacatlán por vivir cerca del afluente (Público, 10 de febrero), de acuerdo con los resultados del estudio Percepción de la morbilidad y mortalidad entre los habitantes de El Salto y Juanacatlán comparativamente con la de Tonalá, Jalisco; aunque sí se reconoce que la cuenca está tan dañada que en los próximos días se emitirá a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable un decreto de alta fragilidad ambiental para un polígono de casi 7 mil kilómetros cuadrados entre varios municipios cercanos al Santiago (Público, 12 de febrero); sin embargo, en virtud de que el problema surgió desde hace más de 50 años por la falta de normatividad, desde el punto de vista de la Comisión Nacional del Agua, “la única forma de evitar que se siga vertiendo agua residual es dejar de enviarles agua potable a todas las personas y a todas las empresas que están en el lugar” (Público, 14 de febrero).
Visto así, todo apunta a que las autoridades competentes están buscando –ciertamente de manera infructuosa– que el asunto de la contaminación del río Santiago no se perciba como un problema de salud pública y se circunscriba al ámbito de la regulación y gestión del medio ambiente. Aunque desconozco los motivos que han llevado a las autoridades a sostener tal estrategia, lo cierto es que el evidente retraso para adoptar medidas de regulación y control de la contaminación que resulten efectivas, se ha convertido en el principal argumento que ha venido alimentando durante los últimos dos años el descontento y la indignación social que puede convertirse en una amenaza seria al precario equilibrio social de la zona.
Si solucionar el problema de la contaminación nos ha de llevar muchos años, como el propio titular de Salud lo ha reconocido, entonces por qué no hemos comenzado ya.
Académico de El Colegio de Jalisco
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