El viernes se cumple un año de la muerte del menor; las investigaciones, detenidas
Anuncian marcha para exigir justicia en el caso del niño Miguel Angel López Rocha
ONG exigirán la intervención del gobernador para sanear las aguas del río Santiago
El próximo 13 de febrero el niño Miguel Angel López Rocha cumplirá un año de fallecido, y para conmemorarlo, distintas organizaciones no gubernamentales y ambientalistas, entre las que destaca el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, el Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y del Estado Laico, y la Coordinadora 28 de Mayo, realizarán una marcha para hacer una serie de planteamientos al gobernador Emilio González Márquez y exigir castigo a los responsables de la muerte del menor, quien cayó al río Santiago.
En rueda de prensa, los integrantes de dichas organizaciones aseveraron que a casi un año de la muerte del niño, las investigaciones para deslindar responsabilidades están detenidas.
María del Carmen Rocha, madre del menor, confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ni siquiera le ha querido proporcionar copia de los expedientes que guardan relación con el caso.
“Para mí es algo muy duro y me ha hecho fuerte, gracias por el apoyo. Pero, lo que les quiero decir es que no han hecho nada y ya va un año de lo de mi hijo y no se ha visto nada … nada de lo que prometieron … nada de lo que dijeron … todo se lo llevó el viento, fui a ratificar la demanda y no me quieren entregar los papeles que me corresponden porque soy la madre”, dijo entre sollozos.
A continuación leyeron un pronunciamiento en el que exigieron a las autoridades respuesta inmediata y pertinente, castigo a los responsables de la muerte del menor, y reparación de daños y perjuicios a los padres de Miguel Angel.
A espaldas de los representantes de las organizaciones había una manta con la fotografía de Miguel Angel, portando su uniforme de la escuela, y exhibiendo un rostro alegre, tal como se le recuerda antes de su fallecimiento.
“Hace un año corría, jugaba y reía en nuestras calles, tenía ocho años de edad cuando cayó a las apestosas aguas del canal de El Ahogado, las cuales, después de 18 días le quitaron la vida”, señala uno de los cientos de volantes que mandaron imprimir para invitar a la población a manifestarse el día viernes
Entre las demandas se exige al gobernador indemnizar a la familia para que puedan marcharse de La Azucena, que cambió su nombre a fraccionamiento Los Tréboles (por razones aún no explicadas), que se castigue a los industriales que arrojan desechos tóxicos al río Santiago, que se saneen las aguas del afluente, que se brinde atención a las personas enfermas (de cáncer, dermatitis, alteración de vías respiratorias, afectación del aparato digestivo) siendo el origen de sus afecciones el deterioro del medio ambiente.
La marcha será este viernes y tendrá como punto de salida, la colonia Azucena, municipio de El Salto y el jardín de San Francisco ubicado en la esquina de avenida Revolución y Ramón Corona. El destino: Palacio de Gobierno.
El contingente de El Salto lo encabezará Raúl Muñoz Delgadillo, activista social que fue detenido el año pasado en una acción semejante para exigir el pago de daños por las inundaciones que sufrieron los habitantes de La Azucena y San José del Castillo.
Los integrantes de las asociaciones consideraron también que la macrorrecomendación que expidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) sobre la contaminación del río Santiago es incompleta, porque no alude a ningún funcionario responsable, ni a casos concretos de personas afectadas por el deterioro del medio ambiente.
“Omite de manera grave mencionar siquiera el caso del niño Miguel Angel López Rocha –aunque el caso haya sido atraído por la CNDH– y además alienta la impunidad al dejar abierto indefinidamente el cumplimiento de muchos puntos, lo que se presta a encubrir a funcionarios irresponsables”, se expuso en el pronunciamiento.
Los organismos destacaron que en lo que va de la administración, el titular del Ejecutivo ha obsequiado millones de pesos a empresarios, la Iglesia católica y fundaciones de otra índole, siendo el último regalo a directores de medios de comunicación (por 40 millones de pesos) para la construcción del Palacio de la Cultura y la Comunicación.
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