26.2.09

CEDHJ amplia plazo para contestar “macrorrecomendación”

Felipe de Jesús Álvarez Cibrían, titular de la CEDHJ. S.NUÑEZ

  • Las autoridades involucradas podrán hacer su respectivo pronunciamiento hasta el 9 de marzo

El titular de la CEDHJ, dijo que ninguna autoridad aceptó pagar algún tipo de indemnización a los afectados por la contaminación del Río Santiago


GUADALAJARA, JALISCO.- Debido a que sólo 69% de los 100 puntos que se dirigieron al Gobierno del Estado fueron aceptados en la “macrorrecomendación” que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), por la contaminación del Río Santiago, se amplió el plazo para que el 9 de marzo las autoridades involucradas hagan su pronunciamiento con respecto a los señalamientos para cuidar y respetar el derecho a la salud, a un ambiente limpio y sano.

“El Gobierno del Estado no está aceptando algunos puntos estableciendo falta de competencia, porque considera que la competencia es de la CEA (Comisión Estatal del Agua), del SIAPA y de los municipios; eso es que los 21 de los 31 puntos que están fundamentados en la falta de competencia, la indemnización de forma lisa y llana no está aceptada”, precisó el ombudsman en Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

El titular de la CEDHJ señaló que el Gobierno del Estado sólo aceptó 69% de los puntos recomendados, entre los que destacan practicar auditorías y supervisión en la construcción de macroplantas de tratamiento, solicitar a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán, así como declararlos zona de emergencia ecológica. Además, se aceptó implementar un sistema de prevención y control de pandemias, entre otras.

La CEA aceptó 82% de los 12 puntos, aprobando brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, a la participación pública y a la rendición de cuentas. Además admitió respetar la integridad corporal y la libertad y seguridad jurídica de los defensores del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además de que establecerá un departamento para la atención de asuntos que originen conflictos sociales, además de contar con un órgano mixto por representantes gubernamentales para la revisión y validación de proyectos de construcción de plantas de tratamiento.

El Ayuntamiento de Tonalá sólo aceptó 29 de las 68 propuestas, mientras que el SIAPA y el municipio de Zapopan asumieron una postura “ambigua”, indicó Álvarez Cibrián, por la complejidad del tema de la contaminación del Río Santiago.

Los municipios de Guadalajara, Juanacatlán, Tlajomulco, El Salto, Ocotlán, Atotonilco y Arandas, hasta el momento no han contestado a la recomendación. Las autoridades pidieron prórroga, que les fue concedida hasta el 9 de marzo, mientras que los municipios de Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos aceptaron los puntos recomendatorios.

“Histórica”, la demanda por caso de Miguel Ángel

La demanda es por la contaminación del afluente, que derivó en el fallecimiento de Miguel Ángel, y por el daño moral que se hizo a la familia del pequeño, al sugerir que fue maltratado o violado o que ingería drogas para justificar su agonía de catorce días en el Hospital General de Occidente.

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Guadalajara.- El magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Austreberto Andrade Mariscal, presidente de la V Sala de lo Civil, reconoció que la demanda por responsabilidad civil objetiva que presentó María del Carmen Rocha, la mamá del niño que murió por intoxicación de arsénico tras caer al río Santiago, es histórica. En ella se demanda al “Estado libre y soberano de Jalisco” y a varios funcionarios estatales y al presidente municipal de El Salto.

La demanda es por la contaminación del afluente, que derivó en el fallecimiento de Miguel Ángel, y por el daño moral que se hizo a la familia del pequeño, al sugerir que fue maltratado o violado o que ingería drogas para justificar su agonía de catorce días en el Hospital General de Occidente.

“Al menos en el tiempo que yo tengo aquí, no he conocido otro antecedente en que se haya planteado este tipo de demanda”, indicó Andrade Mariscal.

El STJ instaló el viernes pasado una comisión para analizar dicha demanda por responsabilidad civil objetiva. Según lo explicó el magistrado, “se turnó a cada uno de los miembros de la comisión [los once presidentes de salas] una copia de la demanda y la estamos analizando para emitir una opinión”, pero será el pleno el que dictaminará su procedencia, insistió.

Se prevé que mañana, en sesión del pleno, se resuelva el caso, al remitir el expediente a los tribunales Civil y Administrativo.

Andrade Mariscal prefirió no adelantar nada al respecto. Explicó que cada magistrado habrá de determinar los aspectos jurídicos “para ver, dentro de las hipótesis de los términos, en cuál encuadra, si es el caso”. El presidente de la V Sala Civil reconoció haber estudiado ya el expediente, pero se negó a dar detalles de su propia opinión, “porque hay que guardar sigilo, como corresponde a cualquier caso”.

—¿Es inusual que se forme una comisión para determinar si procede una demanda?

—¿Por qué? No. Hay comisiones de servicios generales, hay comisiones de gestión, depende. Cada comisión tiene su competencia… aquí [con la demanda civil] se analizará… Es el objeto, para eso se conformó. Son cuestiones jurisdiccionales, solamente.

—¿Le preocupa a usted el caso, dada la instancia a que están demandando?

—Es importante eso que usted menciona. Todos tenemos el derecho a acceso a la justicia; entonces, de que preocupa, sí. Nuestra preocupación es que se le dé justicia conforme a derecho.

Por separado, el representante de la demandante, Juan Manuel Estrada Juárez, sostuvo que con la demanda se sienta un precedente y que no afecta la legitimidad de una causa social colectiva, sino que la fortalece: “Esta demanda civil es la única en la historia de Jalisco por un caso de contaminación. Estamos pidiendo a un tribunal que dictamine que el río está contaminado y, de hacerlo, estamos favoreciendo no sólo a la madre de Miguel Ángel, sino a todos los habitantes de El Salto y Juanacatlán”.

A su juicio, “no hay lucha social que pueda resolverse sin los tribunales”, tras lamentar que la defensa del agua en Jalisco se realice por otras vías. Citó el caso de Arcediano, donde se recurrió al mecanismo legal para defender la posesión de los predios de Guadalupe Lara y no para denunciar la contaminación del sitio.

Maricarmen Rello

CEDHJ da ultimátum para responder sobre el Santiago

Según el ombudsman, el gobierno estatal aceptó 69 de cien puntos recomendatorios; entre ellos, declarar zona de emergencia.

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Guadalajara.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concedió hasta el 9 de marzo próximo como último plazo “improrrogable” a autoridades del gobierno estatal y a municipios para que se pronuncien respecto a la recomendación 1/09 sobre la contaminación del río Santiago. Lo mismo para aquellos que la aceptaron parcialmente o que fueron ambiguos en sus respuestas y a los cuales se les invita a reconsiderar, anunció Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

De acuerdo con información que leyó elombudsman, el gobierno estatal aceptó 69 de los cien puntos recomendatorios que se le dirigieron expresamente, si bien en la copia de los listados que proporcionó a medios de comunicación sólo se enumeran 43 recomendaciones aceptadas y 31 puntos no aceptados. El organismo ofreció complementar la información faltante (26 recomendaciones que no aparecen en el listado de las aceptadas por el Ejecutivo estatal) en el transcurso de ayer, pero no lo hizo.

Como este diario adelantó (Público, 25 de febrero de 2009), el gobierno del estado rechazó pagar la reparación del daño a las víctimas de la contaminación del afluente, ciertamente la petición más innovadora y la más polémica.

Álvarez Cibrián explicó que en 21 de los 31 puntos rechazados se argumentó que eran competencia de otras instancias municipales o federales o de otros poderes. Por ejemplo, hacer análisis de suelos de uso agrícola y alimentos se consideró facultad de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), dependencia federal.

El presidente de la CEDHJ prefirió hablar de lo afirmativo. Sostuvo que, con la respuesta positiva a 69 puntos de cien (cifra por confirmar), se considera que la “macrorrecomendación” fue aceptada por el gobierno de Jalisco. Y, ¿si fueran sólo dos los puntos aceptados, ¿sería el mismo criterio?, se le inquirió. A esto respondió con evasivas.

Con evasivas, también, fueron las respuestas del SIAPA y del Ayuntamiento de Zapopan, por lo que el ombudsman les notificó ayer de la ampliación de plazo y manifestó: “Ante una situación tan delicada de contaminación ambiental como la que vivimos en Jalisco, no hay lugar para interpretaciones subjetivas, por lo que, para no generar incertidumbre jurídica, es necesario que se pronuncien de manera expresa si aceptan o no la recomendación”.

El municipio de Tonalá sólo aceptó 29 de 68 recomendaciones (42 por ciento). Los gobiernos de Guadalajara, Tlajomulco, Arandas, Atotonilco, Ocotlán, El Salto y Juanacatlán —estos últimos, los más afectados por la contaminación del afluente— no contestaron la recomendación al vencerse el segundo plazo el pasado 20 de febrero. Algunos pidieron otra prórroga. Se les concedió bajo advertencia de que será la última. Si callan nuevamente o rechazan el documento, la CEDHJ ya no insistirá: “Que la sociedad los juzgue”, sentenció el ombudsman.

“Esta comisión ha cumplido con su labor al presentar una resolución completa, fundada y motivada sobre el problema de contaminación del río Santiago y sus posibles consecuencias. Aceptar y cumplir las propuestas es responsabilidad única de las autoridades a las que se dirigió, por lo que, una vez concluido el plazo [9 de marzo], nuestro trabajo estará enfocado exclusivamente a dar seguimiento a los compromisos que asuman”, dijo.

En contraste, reconoció a los municipios de Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos, que aceptaron en su totalidad los 68 puntos que les dirigieron en esta macrorrecomendación.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) aceptó diez de los doce puntos que se le recomendaron; entre ellos, aceptó brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, y respetar la integridad corporal, libertad y seguridad jurídica de los defensores del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Entre lo aceptado por el gobierno estatal destaca solicitar a la Secretaría de Gobernación que se declare zona de emergencia a los municipios de El Salto y Juanacatlán. Asimismo, supervisar la construcción de las macroplantas de tratamiento; implementar un sistema de prevención y control de pandemias; formular una iniciativa de ley para que los nuevos centros de población cuenten con tratamiento y reutilización de sus aguas y realizar estudios epidemiológicos en la zona afectada, entre otras.

Si bien el balance no es del todo satisfactorio, reconoció el ombudsman, la comisión consideró “positivo” los pronunciamientos con la aceptación total o parcial de las recomendaciones. Las autoridades que así lo hicieron demostraron su buena voluntad e interés de revertir los efectos de la contaminación del río, lo que no es un compromiso menor, puntualizó el presidente.

Lo aceptado

• Gobierno Estatal: aceptó 69 de cien puntos recomendatorios.

Solicitar declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán a la Secretaría de Gobernación.

Declarar zonas de restauración ecológica los municipios de El Salto y Juanacatlán.

Practicar auditorías y supervisión en la construcción de las macroplantas de tratamiento.

Implementar un sistema de prevención y control de pandemias.

Diseñar un sistema de captación de agua de lluvia.

Formular una iniciativa de ley que contemple que los nuevos centros de población tengan infraestructura hidráulica para tratar y reutilizar sus aguas.

Dotar de mayor autonomía, personalidad y patrimonio propio a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.

Intensificar inspección y vigilancia en el vertedero Los Laureles.

Contar con un laboratorio de análisis de contaminación de aguas.

Delimitar por personal de Protección Civil las áreas de riesgo y peligro en las márgenes del río Santiago y del canal Las Pintas-El Ahogado.

• Gobiernos municipales: Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos aceptaron la totalidad de los 68 puntos recomendatorios; Tonalá aceptó 29; Zapopan dio una respuesta ambigua.

Iniciar procedimientos de revocación de licencias y cancelar permisos de construcción que pretendan ubicarse en las márgenes del río Santiago.

Revisar licencias municipales de giros que vierten de forma directa sus aguas al río.

Regular y ordenar la inspección y vigilancia de todas las descargas de aguas residuales a la red de drenaje municipal.

Abstenerse de autorizar fraccionamientos e instalaciones de empresas que no cuenten con el estudio de impacto ambiental.

Incluir en reglamentos municipales una garantía de reparación o fianza que cubra la indemnización por daños ecológicos por parte de las empresas y particulares.

Declarar áreas naturales protegidas.

Clausurar e imponer sanciones a las industrias cuyos desechos no estén debidamente tratados.

Realizar un inventario de industrias en las cuencas del Ahogado y el alto Santiago.

• Comision Estatal del Agua: aceptó 10 de 12 puntos.

Brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, a la participación pública y a la rendición de cuentas.

Respetar la integridad corporal y la libertad y seguridad jurídica de los defensores del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Establecer un departamento para la atención de asuntos que originen conflictos sociales.

El tema de las indemnizaciones a los efectados fue desechado por el Ejecutivo estatal

Aceptación parcial del gobierno a recomendación sobre la contaminación en el río Santiago

Critica el ombudsman la postura ambigua de algunas dependencias y ayuntamientos

JORGE COVARRUBIAS

Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, durante la lectura del comunicado ayer en la sede de la CEDHJ
Lupa
Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, durante la lectura del comunicado ayer en la sede de la CEDHJ Foto:HECTOR JESUS HERNANDEZ

Del total de los puntos emitidos en la recomendación que le dirigió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por la contaminación del río Santiago, el gobierno del estado sólo aceptó el 69 por ciento, excluyendo de entre las observaciones el pago de indemnización a las víctimas que han sufrido por la polución del afluente.

En tanto hasta el día de ayer, los ayuntamientos de Guadalajara, Juanacatlán, Tlajomulco, El Salto, Ocotlán, Atotonilco y Arandas no habían respondido a la recomendación, por lo que el organismo defensor decidió por la importancia que reviste el tema, ampliar el plazo de respuesta hasta el 9 de marzo con el propósito de que las autoridades reconsideren su postura y acepten el total de los puntos dirigidos en lo que es la primera recomendación del 2009.

“Si no responden, o lo hacen con ambigüedades, se considerará como una negativa”, sentenció el presidente del organismo, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián al dar lectura a un comunicado en el que se dieron a conocer a las dependencias que aceptaron la recomendación, aunque no en su totalidad.

Sólo los ayuntamientos de Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos aceptaron el total de los puntos emitidos.

La Comisión Estatal de Agua (CEA) aceptó 83 por ciento de las observaciones que se le hicieron, y el Ayuntamiento de Tonalá que posee en su territorio el vertedero de Matatlán y el relleno sanitario de Los Laureles sólo acepto 29 de las 68 propuestas que se le giraron.

La CEDHJ consideró que la postura asumida por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es demasiado ambigua y ante una situación “tan delicada” como lo es la contaminación ambiental, no hay lugar para interpretaciones subjetivas, ya que el titular de este organismo, Rodolfo Ocampo Velásquez, dijo que cumpliría con la recomendación sí le entregaban un cheque por 19 mil millones de pesos para modernizar los sistemas operadores de agua.

Álvarez Cibrián reviró al funcionario que es parte de sus atribuciones el gestionar recursos si no los tiene.

“Obviamente que sí existe voluntad política, el no tener medios económicos será motivo para que ellos los gestionen. La Comisión no puede gestionarle los recursos económicos, pero sí no hay voluntad para gestionar recursos, entonces se muestra que no hay voluntad para cumplir con un compromiso social”, dijo.

El ombudsman prefirió destacar los puntos que aceptaron las dependencias por encima de los que no están dispuestos a cumplir. Sin embargo lanzó un ultimátum advirtiendo que una vez vencida la prórroga, la CEDHJ se enfocará a darle seguimiento únicamente a los compromisos que se asuman.

Cibrián dijo que las dependencias no aceptaron en su totalidad la recomendación porque consideran que no es de su competencia el darle cumplimiento, no obstante aseguró que el organismo hizo un trabajo exhaustivo de investigación y cada observación está debidamente fundada.

“Nosotros lo único que estamos de acuerdo y convencidos, que todos y cada uno de los puntos establecidos en nuestra recomendación son puntos debidamente fundados, razonados y obviamente motivados y fundados obviamente en el derecho. Lo que se diga en contra de eso pues definitivamente es una postura contraria a la Comisión”.

Lo que sí aceptaron

De los 100 puntos que se le dirigieron, el gobierno del estado aceptó 69 entre los que destaca solicitar a la Secretaría de Gobernación la emisión de una declaratoria de emergencia ambiental en los municipios de El Salto y Juanacatlán. La práctica de auditorías y supervisión en la construcción de las macroplantas de tratamiento. Declarar zonas de restauración ecológica a los municipios referidos. Implementar un sistema de prevención y control de pandemias. Formular una iniciativa de ley en la que se contemple que los nuevos centros de población cuenten con una infraestructura hidráulica que permita el tratamiento y la reutilización de sus aguas, y que en la infraestructura de salud en estas zonas se proporcionen servicios gratuitos y especializados en oncología, dermatología, afecciones de las vías respiratorios, gastroenterología, oftalmología y la atención de casos de somnolencia, jaqueca y hemorragias nasales.

El CEA por su parte aceptó: Establecer un departamento para la atención de asuntos que originen conflictos sociales. Brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, a la participación pública y a la rendición de cuentas. Solicitar a los tres poderes del Estado y a los ayuntamientos revocar las disposiciones legales que obstruyan el control definitivo de la calidad del agua.

Finalmente, Tonalá aceptó iniciar procedimientos de revocación de licencias y cancelar permisos de construcción que pretendan ubicarse en los márgenes del río Santiago. Revisar licencias municipales de giros que vierten de forma directa sus aguas al río Santiago. Abstenerse de autorizar fraccionamientos e instalaciones de empresas que no cuenten con el estudio de impacto ambiental, y que los reglamentos municipales consideren la obligación de las empresas y particulares que pueden ser contaminantes de una garantía de reparación o fianza que cubra la indemnización por daños ecológicos.

DAN MAYOR PLAZO AL GOBIERNO DE JALISCO PARA RESPONDER `MACRO RECOMENDACION
Derechos Humanos amplió el término para que sea hasta el 9 de marzo cuando las autoridades involucradas hagan su pronunciamiento
26 de Febrero de 2009
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Debido a que sólo 69 de los 100 puntos que se dirigieron al Gobierno del Estado fueron aceptados en la “macrorrecomendación” que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), por la contaminación del Río Santiago, ésta amplió el término para que sea hasta el 9 de marzo cuando las autoridades involucradas hagan su pronunciamiento con respecto a los señalamientos para cuidar y respetar el derecho a la salud, a un ambiente limpio y sano. El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló que el Gobierno del Estado sólo aceptó 69% de los puntos recomendados, entre los que destacan practicar auditorías y supervisión en la construcción de las macroplantas de tratamiento; solicitar a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán, así como declararlos zona de emergencia ecológica; además se aceptó implementar un sistema de prevención y control de pandemias, entre otras. Sin embargo, los municipios de Guadalajara, Juanacatlán, Tlajomulco, El Salto, Ocotlán, Atotonilco y Arandas hasta el momento no han contestado a la recomendación. Las autoridades pidieron una prórroga, que se les concedió hasta el 9 de marzo, mientras que los municipios de Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos aceptaron los puntos recomendatorios. La Comisión Estatal del Agua (CEA) aceptó 82% de los 12 puntos, entre los que destaca el brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, a la participación pública y a la rendición de cuentas; además aceptó respetar la integridad corporal y la libertad y seguridad jurídica de los defensores del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, las autoridades no aceptaron pagar ningún tipo de indemnización a los afectados por la contaminación del Río Santiago.

25.2.09

Rechazó la mayoría de la recomendación

Ejecutivo falló en su promesa al río Santiago

El apartado cuatro se deriva la competencia al SIAPA, mientras que dentro del sexto rubro, referido a la “Gobernanza”, se aceptaron once de doce puntos recomendatorios.
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  • 2009-02-25•Ciudad y Región

En 2007, el gobernador (de blanco) visitó y olió el contaminado río.
En 2007, el gobernador (de blanco) visitó y olió el contaminado río. Foto: Giorgio Viera

P

ara algunos, será una sorpresa. Para los críticos de la llamada macrorrecomendación 1/09 por la contaminación del río Santiago, es lo que se esperaba: pese a que había prometido otra cosa, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, respondió con negativas a la mayoría de los puntos recomendatorios del documento de 295 hojas que dictó la Comisión de Derechos Humanos (CEDHJ).

En la respuesta enviada al organismo defensor, el 20 de febrero, se da cuenta de que, de 88 puntos recomendatorios contenidos en los apartados primero, segundo, tercero y quinto de la macrorrecomendación, sólo se aceptaron 29. Se deriva íntegramente el apartado cuarto por no tener competencia y se aceptan once de los doce puntos del apartado sexto.

Efectivamente, como lo advirtió González Márquez en la entrevista concedida durante gira de trabajo por la Sierra del Tigre, se rechaza el aspecto referido a la indemnización, contenido en el apartado quinto “Para la reparación del daño”, el cual abarca de las recomendaciones 74 a la 88: el gobierno estatal sólo acepta tres de los quince puntos recomendatorios: practicar estudios ambientales, epidemiológicos y psicológicos a los vecinos de El Salto; proporcionarles atención médica a través de la SSJ y diseñar una campaña para fomentar el uso responsable y la limpieza del agua a través de la Semades.

De los puntos referidos al apartado primero, “Gestión ambiental integral y sustentable”, se aceptaron 16 de 47recomendaciones, por considerar que es viable su cumplimiento. Se rechazó el resto, por considerar que son competencia de autoridades municipales, federales o que su acatamiento corresponde a otro de los poderes del estado.

En materia de salud se aceptaron cuatro recomendaciones de siete y se advierte que se procederá a girar los oficios correspondientes a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

El apartado cuatro se deriva la competencia al SIAPA, mientras que dentro del sexto rubro, referido a la “Gobernanza”, se aceptaron once de doce puntos recomendatorios.

Hoy, en conferencia de prensa, la CEDHJ dará a conocer las respuestas del Ejecutivo estatal, de la Comisión Estatal del Agua, el SIAPA y de seis de los catorce ayuntamientos que respondieron.

Guadalajara. Maricarmen Rello

Si tiene éxito, el gobierno deberá pagar los 20 mdp, dijo

Esta semana se resolverá demanda por el caso Miguel Angel: Rodríguez

JUAN CARLOS G. PARTIDA

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) enviará el viernes próximo a los tribunales Civil y Administrativo la demanda por daño moral y material que presentó la madre del niño Miguel Angel López Rocha, menor que falleció hace un año intoxicado por arsénico luego de caer al río Santiago, en El Salto. Serán estas instancias las que finalmente resuelvan la queja en la cual se pide al gobierno de Jalisco una indemnización de 20 millones de pesos.

Entrevistado al término de la ceremonia de honores a la bandera en Plaza Liberación, el presidente del STJE, Celso Rodríguez, dijo que en estos momentos analizan “a quién le corresponde el asunto y si somos competentes o no”, y anticipó que se le dará celeridad a un caso que apenas recibieron el viernes pasado y el cual resolverán el viernes próximo. A partir de ahí, el tribunal o los tribunales a donde sea derivado, harán correr sus tiempos legales.

María del Carmen Rocha, apoyada por la organización civil Conciencia Cívica, anunció la semana pasada que pediría 20 millones por reparación del daño. Los abogados estimaban que el pleno del STJE revisaría el caso este martes, pero el presidente magistrado dijo que será hasta el viernes; también los demandantes señalaron que si la demanda era rechazada por el pleno interpondrían recurso de revocación.

–¿Qué es lo que se analizará de la demanda de la familia Rocha?–, se cuestionó a Celso Rodríguez.

–A quién le corresponde el asunto y si somos competentes o no.

–¿Y cuáles son las aristas que evalúan para aceptar la demanda?

–Ver si es competente en los juzgados civiles o el Tribunal Administrativo.

–Siendo un caso tan trascendente, ¿cuál es su opinión al respecto?

–Lo único que opino es sobre la cuestión jurídica y en este momento la estamos analizando.

–¿Cuándo resolverán?

–No hay término, pero pensamos resolverlo esta semana.

–¿Y cuánto tardaría todo el proceso?

–Ya dependería quién fuera el competente, derivarlo al tribunal competente y ya empezarán a correr los términos.

–¿Qué tipo de responsabilidad eventualmente podría fincarse?

–En México, todo el que demanda o denuncia está obligado a probar, entonces entraría en una etapa probatoria en donde tendrán que desahogar las pruebas cada una de las partes.

–Insisto, ¿qué tipo de responsabilidades podrían fincarse?

–Depende de por qué están demandando. Hasta donde yo sé, es por el daño moral y material, entonces si justifican el daño en ambos casos, entonces tendría que haber una indemnización.

–¿Y quién pagaría los 20 millones que piden?

–Ellos están demandando al gobierno del estado; si tuvieran éxito, el gobierno del estado tendría que ser el condenado, porque es el demandado.

–¿Se le dará celeridad tratándose de un caso así?

–Nosotros no teníamos idea que se fuera a presentar, si se presenta tenemos que resolver y dar respuesta de acuerdo con el artículo 8 constitucional. Yo creo que le estamos dando agilidad, porque esta misma semana vamos a resolver la procedencia o no de la demanda. La tuvimos el viernes, yo creo que este mismo viernes la resolvemos.

Miguel Angel en el Supremo

La llegada del caso de Miguel Angel López Rocha, el niño de 8 años que hace un año murió intoxicado por arsénico luego de caer al río Santiago, pone a prueba el sistema de justicia jalisciense. La demanda por reparación de daño moral y material por 20 millones de pesos podrá parecer una atrocidad para muchos, ya hablamos aquí de la estúpida pregunta de cuánto vale la vida de un hijo, pero es una necesidad de justicia tan imperante como la de castigar a los múltiples responsables del altísimo grado de contaminación en ese cauce.

Está cantado que el Supremo mandará la denuncia presentada hacia los tribunales administrativos y/o civiles, para que se consuma en el fuego eterno de la burocracia judicial. Pero algún día tendrá que haber resolución y si los magistrados se desprenden tan rápido del caso y lo remiten a circuitos inferiores para que allí sea resuelto, igual cabría esperar similar agilidad para que los jueces de ambas instancias que es a donde será remitido luego del pleno del viernes próximo, también resuelvan con la celeridad inherente a un caso que tiene por sí mismo un simbolismo muy importante acerca del descuido de las autoridades en su labor de vigilar un medio ambiente sano para quienes les pagan sus jugosos estipendios.

El magistrado presidente Celso Rodríguez me dijo ayer que la presentación de la denuncia ante el STJE tiene más efectos mediáticos que prácticos, y fuera de grabadora consideró que se trataba también de obtener dividendos electorales para quienes a través de Conciencia Cívica han tomado la defensoría de la familia Rocha, léase Salvador Cosío, candidato a diputado federal por la coalición Convergencia-PT. Rápido se desarmó el tinglado de que cobrarían algún centavo por llevar la legalidad del tema, pero la presencia también muy oportuna ahora de la familia paterna del menor fallecido, con quienes no vivía, metió bastante ruido a un tema que cada día está más politizado.

24.2.09

LOS NADIES

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. 
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 
Que no son, aunque sean. 
Que no hablan idiomas, sino dialectos. 
Que no profesan religiones, sino supersticiones. 
Que no hacen arte, sino artesanía. 
Que no practican cultura, sino folklore. 
Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino número. 
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. 
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Eduardo Galeano

Abogado de la mamá niega se quiera lucrar con muerte del niño

ONG se disputan el caso del "mártir" del Santiago

Demanda de la madre por 20 mdp en repararación del daño generó polémica.
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  • 2009-02-24•Ciudad y Región

María del Carmen Rocha llora la muerte de su hijo; hoy pide justicia.
María del Carmen Rocha llora la muerte de su hijo; hoy pide justicia. Foto: Tonatiuh Figueroa

Miguel Ángel López Rocha, el niño que murió por una severa intoxicación de arsénico tras caer en las contaminadas aguas del río Santiago, es ahora objeto de disputa entre organizaciones civiles y particulares, la cual arreció a raíz de que la madre interpuso una demanda por responsabilidad civil objetiva.

Para Juan Manuel Estrada, coadyuvante de María del Carmen Rocha, madre de Miguel Ángel, hay asociaciones que “abanderan su causa con la tragedia del pequeño, e intentan manipular a la familia”. Señala en específico a Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, quien hasta hace poco aparecía en público (marchas y conferencias de prensa) junto a los padres del niño fallecido el 13 de febrero de 2008, y quien, dijo, “presionó a la familia para que no demandaran”.

Por su parte, Muñoz Delgadillo ha expresado su molestia por el desvío de una causa que, a su juicio, es de todos: la contaminación del río Santiago, de la cual nombra a Miguel Ángel “nuestro niño mártir”. Acusa a Conciencia Cívica —organización presidida por Salvador Cosío, ex diputado con aspiraciones políticas— de “ponerle precio” a una lucha y a una causa legítima que afecta, especialmente, a los habitantes de El Salto y Juanacatlán.

Estrada niega tajante que la señora busque lucrar con la muerte de su hijo. Y aclara que Conciencia Cívica no tiene nada que ver con la demanda que María del Carmen presentó por responsabilidad civil objetiva y que consta de dos puntos: por la pérdida del menor de edad “no se puede exigir ni un cinco más de lo que estipula la ley en días salarios” y la suma de veinte millones de pesos es por el daño moral “que se ocasionó a la familia a través de declaraciones que se dieron antes de la primera autopsia… se dijo que el niño fue maltratado, que fue violado, que el niño consumía drogas”.

Estrada señala que es oportunista la repentina aparición del padre biológico del niño —Miguel López— ahora que se ha ejercido el derecho a exigir la reparación del daño y quien hizo acusaciones personales de su ex esposa; lo que empaña más la desavenencia entre organismos civiles, y la justicia que se espera por la muerte de un inocente.

Ni la mitad respondió a CEDHJ

A la recomendación 1/09 que por la grave contaminación del río Santiago giró la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sólo respondieron seis de los catorce ayuntamientos a los que se dirigió. Sin embargo, aun cuando el lapso venció, el organismo invitará a reconsiderar.
Tras vencerse el plazo para fijar su postura respecto a la llamada macrorrecomendación (20 de febrero) se considera el silencio como negativa de aceptación, indicó el director de Quejas y Seguimiento de la CEDHJ, Luis Arturo Jiménez. Destacó que cuantitativamente, la comisión está satisfecha “con la voluntad demostrada por las autoridades que sí respondieron”. Fueron en total nueve respuestas que llegaron el mismo día 20 entre las 10:53 horas y las 22:56 horas. El SIAPA fue el primero; seguido de los gobiernos municipales de Tototlán, Tlaquepaque y Tonalá. A las 19:44 horas lo hizo Zapopan y posteriormente la Comisión Estatal del Agua. El Ayuntamiento de Guadalajara pidió tiempo para poder votar el asunto en cabildo. La respuesta del gobierno del estado llegó a las 20:43 y la última fue la de Ixtlahuacán a las 22:56 horas. Los detalles se informarán en conferencia de prensa.

Guadalajara/Maricarmen Rello

Exigen que la indemnización de 20 mdp que pide se destine a sanear el río Santiago

Familia paterna de Miguel Angel prepara demanda contra María del Carmen Rocha

JORGE COVARRUBIAS

Familiares paternos de Miguel Angel López Rocha aseguran que se enteraron de su agonía por televisión
Lupa
Familiares paternos de Miguel Angel López Rocha aseguran que se enteraron de su agonía por televisión Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

La última vez que la familia paterna de Miguel Angel López Rocha tuvo contacto con él fue tres meses antes de que éste falleciera. Habían pasado casi cuatro años desde que su madre, María del Carmen Rocha, desapareció con el niño sin que se conociera de su paradero.

Fue por casualidad que Sara, una de las hijas de María Martina, abuela del menor, se encontró a María del Carmen en un camión de la línea El Salto. Se dirigía a su casa en la colonia La Azucena, donde el pequeño Miguel Angel cayó accidentalmente al río Santiago cuando jugaba con sus amigos –dicen los testimonios que están registrados en la Procuraduría General de Justicia del Estado–, así que la mujer decidió seguirla hasta su domicilio.

Por años estuvieron buscándola y de acuerdo con las versiones de la abuela, su hijo Miguel López Ruvalcaba, el padre biológico de “Miguelito”, solicitó ayuda a diferentes autoridades, entre ellas al DIF de Tonalá y la misma Procuraduría General de Justicia del Estado, de cuyas instancias prácticamente fue botado.

Al poco tiempo de haber encontrado a Miguel Angel, una pena más profunda embargaría a la familia. Fue en los primeros días de febrero de 2008 cuando el niño ya estaba en estado de coma en el Hospital General de Occidente. Se enteraron del accidente por medio de los noticieros en televisión.

La abuela no le perdona a María del Carmen que les haya ocultado la agonía del niño.

…Nos enteramos por las noticias, o sea fue cruel, ella tenía mi número de teléfono porque yo se lo di. Mira, te voy a dar mi número por si se te ofrece algo, se enferma al niño, ocupas algo, te pongas en contacto con nosotros, nos hables... y ella tenía mi número de teléfono que yo le había dado, y así lo que le pasó al niño y no nos avisó. Yo le reclamé que por qué no nos había avisado y me dijo que pues le daba miedo nuestra reacción. Pero yo al principio pensé, un accidente pues a cualquier niño le puede suceder, pensé al principio, pero ahora alzamos la voz por lo que está pasando, les mencionaba. Yo me retiré cuando me enteré que ella ya se había vendido, que ella mencionó que le iban a dar casa en México y dinero para un negocio; yo dije, pues ya se vendió y ya me retiré, pero al paso de este año (2008) que ha transcurrido, ha habido gente que me ha contado tanta cosa, tantas barbaridades: que lo trataba mal, que a veces no le daba de comer, que lo descuidaba mucho, en fin, muchas barbaridades que me han contado de ella, y pues yo todavía decía, yo como abuelita qué hago y su papá, hay que hablar con él a ver qué hacemos, pero qué podemos hacer si aquella ya se vendió. Pero nuestro peor… se puede decir que estamos enfurecidos, es la palabra, es cuando sale poniéndole precio al niño. 20 millones pide la señora por el niño. ¿Por qué? Yo pienso para que una persona, pienso que todas las personas que me escuchan van a entenderlo, para que una persona le ponga precio a su hijo necesita no quererlo, cómo lo va a querer si no lo crió, no recogió sus pasos, no sabe cuál alimento era el preferido del niño, cómo le gustaba el biberón, si tibia, fría o caliente, ella no sabe nada de esas cosas. A mí pregúntenme, y yo sé todo, no sabe cómo le gustaba el agua para bañarse. Y algo muy importante, de que, de que en los periódicos siempre salen los papás… momento, error de todos. No son los papás los que le están poniendo precio al niño, es la mamá biológica y el padrastro, eso sí que quede bien claro, para nosotros nuestro niño no tiene precio, es nuestro gran amor y no alcanzaría ningún precio. Nosotros perdimos todo contacto con ella, nosotros no sabíamos absolutamente nada de esta demanda, me enteré por las noticias, nosotros nos deslindamos de esa demanda. No venderíamos al niño ni por todo el oro del planeta.

Es la hora de la comida, en la planta baja, las hijas de Martina preparan una ensalada, está por llegar Martín Ruvalcaba, tío del padre de Miguel Angel.

Sube las escaleras y toma asiento en la amplia sala que acondicionó para componer sus canciones. Justo cuando se le pregunta a Miguel López por qué no denunció el rapto del menor a las autoridades, interviene para señalar que juntos acudieron a la Procuraduría de Justicia y al DIF de Tonalá, pues antes vivían en la colonia Zalatitán y era el más cercano.

–Lo que sí, yo fui con él personalmente a buscarla, fuimos a El Quince (nombre de la colonia donde vivían los padres de Carmen) y la misma respuesta, que el niño está bien. Fui para allá porque me dijo que lo estaban amenazando.

En todas partes decían que el niño estaba bien, y en una ocasión fue ahí en la Procuraduría General de Justicia, le dije cómo se pone a decir que el niño está bien, qué no se ponen a pensar que a lo mejor pregunta por su papá, o viene de allá, señorita, para decirme que el niño está bien. No, no te pongas así, nervioso, porque ahorita llamo a seguridad para que te saquen… No, no hay necesidad, yo me salgo, si no quieren hacer caso, pues no hagan caso, añade Miguel López.

La familia paterna del menor prepara una demanda por daño moral en contra de María del Carmen, y para ello está reuniendo los testimonios de personas que aseguran haber visto a la mujer maltratar al niño.

“Como por ejemplo, que lo mandaba a la escuela sin comer, que le pegaba inclusive, que no le interesaba si andaba en la calle o no; para mí eso es un descuido, para mí eso son barbaridades, o sea, yo cómo voy a permitir que mi niño de ocho años ande en la calle, y yo bien a gusto en mi casa, tres, cuatro horas sin saber dónde está mi hijo… la gente me ha contado muchas cosas que poco a poco van a tener que ir saliendo, vecinos de La Azucena”, refiere.

–Miguel, usted que es el padre biológico del menor, nunca lo hemos visto en las ruedas de prensa, ¿por qué decidió alejarse tanto tiempo y hablar hasta ahora?

–Después de lo que pasó, cuando en el sepelio y todo, todos enfocados con ellos, (María del Carmen y Raúl Luna), pues dije, ya no tiene caso, para qué, de todos modos yo sé que soy el papá y una señorita sí me entrevistó, sí le dije que yo era su padre biológico, que por ciertas circunstancias me lo quitaron casi cinco años, pero esta vez ya quiero salir de mi cobardía, de este clóset, porque es indignante que los padres y que la fregada... y yo callado. No es justo y menos eso, me enfureció porque en la manifestación yo iba con todo el corazón, con mi dolor y todo, con la finalidad de pedirles que se saneara el río, de esos papeleos que hizo aquella, nosotros, la familia López Ruvalcaba, nunca nos enteramos qué más había en esas peticiones, pensamos que nada más era la saneación del río, y ahora que el otro día en el trabajo me va diciendo un compañero: ay carajo, ahora sí vas a quedar bien acomodadito; le dije por qué, no me voy a sacar la lotería, y dice: que 20 millones que está pidiendo tu señora... y ya cuando llegué, mi mamá me enseña el periódico. Es indignante eso, so yo no alzaba la voz era para no estar recordando cosas que duelen, pero ahora es el colmo. Mi hijo no tiene ningún precio. No me interesa ningún centavo partido a la mitad, lo que quiero es que esa demanda no se lleve a cabo, que se quede así. Que si se va a dar algo que se utilice en el mismo río, que se salven otras vidas, porque me imagino que Dios escogió a mi niño como mártir para que se salvaran más vidas y no para que se lucre con ello.

La abuela de Miguel Angel reparte culpas entre el gobierno del estado, por “tener esas aguas sucias”, y la madre del niño, porque no supo cuidarlo.

“Para mí, tan culpable es el gobierno por tener esas aguas sucias, tan culpable es la mamá por no cuidar a un niño de ocho años, entonces para mí existen dos culpables. Al hacer la demanda, yo la haría, pero directo por negligencia que no cuidaron al niño”.

“Nuestro interés es que la muerte de Miguel Angel sirva para tomar conciencia a un gobierno que tenemos, sordo, mudo y ciego, y más que nada la Secretaría de Salud, que no ha hecho nada… nosotros vamos a demandar también por daño moral que se nos ha hecho a la familia si a esas vamos”, agrega Martín Ruvalcaba.

Concluye la entrevista con un señalamiento de la familia López a María del Carmen; la acusan de traicionar una causa social que ellos consideran que está por encima de cualquier interés monetario.

“Gente oportunista”.

Macronegociación frustrada

Después de emitir la macrorrecomendación 01/2009 y recibir rechazo y negativa por parte de diversas autoridades a las que se les envió para aceptarla y cumplirla en los plazos prescritos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), a través de su titular, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, y del vicepresidente de facto –y que se desempeña como tercer visitador general–, Alfonso Hernández Barrón, se han dado a la tarea de justificar la errática elaboración de dicho documento acusando a las autoridades de “desconocer el sistema jurídico” y señalar indebidamente a todas las ONG de ser también “responsables” en el asunto, por no tener “mecanismos modernos” de protesta.

Fuera de todo principio ético y sin importar conflicto de intereses en un cargo que exige imparcialidad plena, Hernández Barrón se dio a la tarea, en las últimas semanas, de cabildear y hablar con dirigentes de diversas organizaciones civiles para que “apoyen la mejor recomendación que ha emitido la CEDHJ”.

El hecho se vio reflejado de inmediato con las cartas que diversas organizaciones civiles enviaron al gobernador, y el acuerdo al vapor del Consejo Ciudadano de la CEDHJ (donde se encuentra el hermano del visitador y algunos activistas que la impulsaron “desde adentro”), pronunciándose y buscando ante todo el lucimiento del gobernador: “es una excelente oportunidad para que los órganos del estado diseñen nuevos paradigmas en materia ambiental y social”, dijeron los consejeros.

Lo anterior, como si se tratara además de apoyar al tercer visitador hacia un posible relevo en la presidencia de la CEDHJ o de alguien que tiene otro tipo de valores, cuando no es así; pero el hecho toma especial relevancia porque no salieron en defensa de la macrorrecomendación los colegios de abogados que comanda Alvarez Cibrián (ONG les llama éste); a esos organismos gremiales que tan acuciosos y activos están en la defensa del poder, pero que nunca aparecen en casos como éste. Todo para ver quién tiene “más canicas”.

No obstante, ha sido más bien la dudosa calidad legal y las notables contradicciones de lamacrorrecomendación, así como las formas de negociar ésa y otras recomendaciones por parte de ambos funcionarios, las que han propiciado la impunidad.

Inventores del derecho ambiental

Si la CEDHJ no acredita violaciones concretas a derechos humanos de ningún quejoso, como es su obligación legal hacerlo, en personas de carne y hueso, y por lo tanto no exige castigo a responsables y no define quiénes son las autoridades, en personas de carne y hueso, ¿qué tipo de trabajo hace la CEDHJ?, ¿a quién le sirve su trabajo? Así se pronuncien cientos de organizaciones civiles por su cumplimiento no se corrige el entuerto. Fue “incompleta y decepcionante”, dijo al respecto la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

Antier, el SIAPA dijo que de plano la rechazaba, y es previsible que la Secretaría de Salud en los hechos la rechace. La semana pasada, el gobernador Emilio González Márquez dijo que “sin dimes y diretes” aceptaba todos los puntos, pues “la Comisión vio que podemos mejorar en algunas áreas”, excepto el relativo “a la indemnización”. Además, la mayoría de los ayuntamientos dijo que no la aceptaban porque “no era su responsabilidad”, dijo el propio Hernández Barrón.

Era de esperarse esa respuesta así ante un documento mal hecho. “Es un principio de derecho que los hechos evidentes no requieren mayor prueba”, se dijo indebidamente y de un plumazo en lamacrorrecomendación y por lo mismo no se probaron los hechos (Pag. 236)

Pero las irregularidades ya venían desde tiempo atrás. Llama la atención que el jurista Arturo Jiménez, director de quejas de la CEDHJ, afirme que establecieron “un nuevo concepto” para atender las quejas de la contaminación en El Salto: “eran los malos olores y las afectaciones a la salud y el ambiente, por lo que se determinó establecer un nuevo concepto, denominado violación a los derechos ambientales”, dijo hace una semana. Como se observa, el funcionario no ha leído la Constitución del país, ya no digamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Mucho menos saben cómo inscribir ese derecho en el marco de los derechos humanos de la tercera generación. En ese sentido, la CEDHJ perdió una invaluable oportunidad y que dejó ir la posibilidad de haber acreditado por primera vez casos de violaciones de la tercera generación, al haber judicializado un caso de esta naturaleza.

Peor aún, el tercer visitador, como buen juez de la sociedad civil, dice que ahí hubo exhortos “a las expresiones de la sociedad civil organizada para que generen mecanismos modernos y dejen esas actitudes de los 60 que recuerdan a los padres o a las abuelas”.

Como se observa, no se pueden pedir peras al olmo. Por desgracia, todos perdemos y gana el gobierno. Pierde la CEDHJ en calidad moral y profesional. Pierde el Consejo Ciudadano por expedir pronunciamientos de acuerdo con el interés de algunos consejeros (¿cuándo se pronunciarán sobre ellimosnazo?, ¿sobre Tomás Coronado?, ¿sobre el asesinato del joven en Ocotlán?) Pierde la sociedad y las ONG por “!tener actitudes de los años 60”! Pierde la familia del niño Miguel Angel López Rocha por no encontrar asidero en esa macrorrecomendación para lograr justicia, independientemente de que haya indemnización o no. Pierden los quejosos al no ser tomados en cuenta. Simplemente perdemos todos.

Muy mal ha estado actuando la CEDHJ desde la llegada de Felipe Alvarez Cibrián y su equipo de trabajo. A ver con qué “logros históricos” nos salen ahora en el próximo informe de labores. Hace un año, Alvarez Cibrián anunció hasta como un logro histórico “el haber emitido más boletines de prensa”. ¿No es tiempo de ir pensando en un cambio en la CEDHJ?